Gobierno anuncia cambios al reglamento de Banca para el Desarrollo: 27% deberá ir a órganos no regulados
Hoy el presidente Rodrigo Chaves anunció cambios al reglamento de Banca para el Desarrollo, con el propósito de modificar la distribución de los recursos que se invierten mediante ese mecanismo.
La primera medida, de las anunciadas, exige a las entidades financieras que utilizan estos fondos de que el trámite de formalización de los créditos deberá ser de 60 a 30 días.
Según los cambios informado hoy, al menos un 40% de los recursos deberán destinarse a las áreas rurales (fuera de la Gran Área Metropolitana), eso incluye el 40% de lo recursos aportados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
También deberá garantizarse un mínimo del 40% a los sectores vulnerables, como mujeres, adultos mayores, minorías étnicas, personas con discapacidad, jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas y consorcios de pymes.
Por otra parte, se anunció que “el 27% de los recursos deberán otorgarse a operadores no regulados, como por ejemplo microfinancieras, asociaciones, cooperativas de producción”.
La reforma también busca que “los fondos de capital semilla deberán ir aumentando su participación. Se espera una participación aproximada del 10% de los fondos de capital semilla en el patrimonio total del Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE)”.
“Con la reforma ahora los operadores deberán establecer las tácticas para disminuir la brecha de género, crear mayor inclusión financiera, atender los sectores prioritarios y las zonas de menor desarrollo según la ley, atención a clústeres, asociaciones, agrupaciones (modelos asociativos) y encadenamientos productivos”, informó el Poder Ejecutivo hoy.
Además, “las entidades financieras que accedan a los recursos del SBD deberán tener, entre sus programas de financiamiento y condiciones, políticas especiales que compensen las desigualdades de género y los Operadores deberán justificar ante el Consejo Rector los márgenes de interés con que se atenderán a los sujetos beneficiarios de la ley”.
Me gustaría saber hasta dónde llegan las competencias del poder ejecutivo para hacer esa repartición de recursos. Realmente creo que el manejo ha sido muy burocrático pero ese pupurrí de reparto podría entrabar más la colocación de recursos empantanados.
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