La Corte Suprema de Justicia, con los jerarcas puestos por el Gobierno de Nayib Bukele, decidió validar la reelección presidencial en El Salvador, y con ello abrir las puertas para que el actual presidente siga ejerciendo el poder en ese país.
Los magistrados nuevos fueron nombrados el 1 de mayo pasado por la mayoría del Congreso que domina Bukele y deciden revertir el falle de 2014, cuando se había prohibido esa práctica de continuidad.
En EL Salvador la reelección era permitida pero no de manera consecutiva, entonces Bukele habría tenido que esperar hasta 2034 para poder reelegirse. Ahora lo hará, si el pueblo lo apoya, en 2024.
En el fallo, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir “que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
Sin embargo, la interpretación de la Corte supone que un presidente puede serlo hasta por 10 años, eso quiere decir que no es una reelección indefinida.
En el fallo, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir “que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
Tamara Suju, abogada defensora de Derechos Humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, se preguntó algo que muchos hemos pensado: “¿Qué será lo que le pasa a los mandatarios latinos que hacen todo para mantenerse en el poder?”
Manifestaciones opuestas
La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, indicó este sábado que observan a El Salvador para “denunciar prácticas violatorias” de derechos humanos y advirtió sobre el desmantelamiento de las instituciones.
El 1 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplía mayoría oficialista, cesó a los magistrados constitucionalistas y nombró a cinco abogados para ocupar los cargos.
La comunidad internacional criticó esta acción por considerar que era un golpe contra la separación de poderes y la independencia judicial.
Entre los magistrados nombrados se encuentra un ex asesor del Ejecutivo de Bukele, un abogado del actual director de la Policía y un ex comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, que fue elegido por Bukele en un proceso cuestionado.
Con información de Infobae.