Avales publicada: $270 millones como garantías para que empresas afectadas por la pandemia

El Ejecutivo tiene 30 días para realizar el reglamento y entonces empezará a implementarse.

No todos los $270 millones se dedicarán a micro, pequeñas y medianas empresas, pero sí se establece que la mitad será destinada a recuperar las finanzas de esos emprendimientos económicos.

La conocida como “Ley de Avales” fue publicada hoy en el diario oficial La Gaceta y eso la convierte en una realidad que puede empezar a implementarse de inmediato, pero el Poder Ejecutivo debe primero construir y promulgar su reglamento en un plazo máximo de 30 días.

La ley ofrece dineros como garantía para adquirir nuevos créditos a las empresas que demuestra haber sido afectadas en los dos años anteriores por la pandemia.

La ley fue aprobada en segundo debate por la Asamblea Legislativa y tiempo después fue firmada por el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda Elián Villegas.

Según explicó el Gobierno, con esta ley “el Estado otorgará garantías bancarias de hasta el 75% sobre el monto principal del crédito que den las distintas entidades bancarias a miles de empresas afectadas por la pandemia. Es decir, que si una empresa que accede al crédito no puede responder, el fondo de avales le reconocerá el 75% de lo prestado a la entidad financiera. Esto reduce los riesgo para las entidades y permite mejores condiciones en intereses, plazos y tasas para las empresas”.

Espacio político pagado.

El dinero para respaldo de este fondo de avales proviene de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Las empresas que hagan uso de este beneficio deberán mantener y aumentar la cantidad de empleos que tienen al momento del crédito.

“Los eventuales beneficiarios de este fondo de avales deben gozar de un buen récord crediticio previo a la pandemia, no poseer una morosidad mayor a los 60 días, documentar la afectación por la pandemia y mantener a los trabajadores al momento de la solicitud”, informó Presidencia.

Además, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) determinará la distribución de los avales y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ofrecerá la información del saldo de crédito otorgado por cada entidad financiera al sector privado, según se informó.

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