Trabajadores independientes que tengan deudas con la CCSS podrán conseguir que esa institución les condone su deuda por concepto de multas, recargos administrativos e intereses de la moratoria. Lo mismo sucederá con los patrones con grandes retrasos.
En el caso del monto principal de la deuda, la Sala Constitucional había declarado que eso no era factible, porque la CCSS tiene autonomía y eso solamente ella puede decidirlo. Es decir, la condonación será parcial, pero el monto principal de la deuda que tengan los trabajadores independientes seguirá vigente.
La condonación será posible para deudas que tenga más de un año de antigüedad, lo que significa más o menos 15.645 patronos activos morosos y 116.029 trabajadores independientes activos morosos, según el último reporte de la CCSS, para un monto total que rodea los ¢346 mil millones.
La propuesta fue impulsada por el diputado del PUSC Pedro Muñoz, quien fue duramente criticado porque él mismo tiene deudas con la Seguridad Social del país.
“Esta es una autorización que se da por la inactividad de la CCSS para arreglar el tema de la informalidad en Costa Rica”, expresó Pedro Muñoz. Además defendió que el proyecto oxigena aún más a la CCSS porque muchos podrán hacer arreglos de pago para pagar los montos principales.
Después de su aprobación en primer debate, la Sala Constitucional la detuvo, se le hicieron los cambios y ahora el Congreso la vota en segundo debate con el apoyo unánime de 40 votos. Pasa al Poder Ejecutivo para lo que corresponde. ¿La vetará el nuevo presidente Rodrigo Chaves?
El proyecto entonces facilita a los patronos la condonación de la deuda por atrasos con la CCSS, pero de manera completa con el Banco Popular, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Villalta destacó que es importante que se respete la autonomía de la CCSS. Defendió que Fodesaf deberá justificar técnicamente cualquier amnistía que otorgue, para su beneficiado.
En la misma sesión ordinaria de este 26 de abril, se aprobó en primer debate el proyecto 22027 que elimina la inyección de dinero que da RECOPE a un fondo para ahorro, préstamo, vivienda, recreación y garantía de los trabajadores, considerado por la mayoría de los diputados -excepto José María Villalta y Paola Vega, del Frente Amplio- como un privilegio inconveniente.
El próximo 28 de abril se hará el segundo debate.