Alcalde de Heredia deberá responder por supuesta dádiva de ¢30 millones en contrato con MECO

Esta es la segunda ocasión en lo que va del año en que el alcalde herediano se ve enfrentado a actos cuestionables. Apenas el 22 de abril Ulate fue detenido por una denuncia, en el caso de una supuesta violación en contra de una menor de edad.

El alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, del PLN, deberá dar explicaciones al Consejo Municipal por su presunto ligamen en el caso Cochinilla, ya que según una filtración del expediente del caso Cochinilla, habría recibido dádivas por ¢30 millones por parte de la empresa MECO a cambio de torcer un contrato de mantenimiento vial.

De forma unánime, el órgano municipal aprobó una moción presentada por los regidores León Ramírez y Margarita Murillo para que el alcalde herediano brinde un informe sobre la contratación N° 2020LN-000002- 0021700001 “SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION Y ACABADO FINAL DE MEZCLA ASFALTICA” en manos de la constructora hoy investigada en el caso Cochinilla.

Esto, a fin que explique por qué instruyó a la administración municipal a modificar el cartel de contratación, eliminando ponderaciones mínimas de evaluación financiera, como un elemento que determinara la admisibilidad de la oferta.

La aprobación de la moción se da posterior a que trascendiera en la prensa una conversación en la que dos funcionarios de la constructora MECO hablan del ofrecimiento de ¢30 millones a Ulate para agilizar un contrato.

La conversación se habría dado entre Abel González, gerente de operaciones de MECO y Luis Fernando Gutiérrez, gerente de la Unidad de Asfaltos de la misma empresa, quien señaló que el negocio ascendía a ¢98 millones, de los cuales, la empresa dse dejaría ¢60, mientras que ¢30 le tocarían al alcalde y ¢8 millones a “quien se encargó de hacer el mensaje de ajuste”.

El dinero, de acuerdo con la filtración, sería utilizado para su campaña de reelección en la municipalidad de Heredia en el 2020.

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“En setiembre del año pasado hubo un proceso de contratación administrativa y durante ese proceso, por el monto le correspondía la adjudicación al Concejo Municipal. Un grupo de regidores empezamos a revisar el expediente y nos damos cuenta que se modificó el cartel en varias ocasiones. Empezamos a ver las modificaciones y nos llama la atención que no se motiva la razón por la que se modifica el cartel”, explicó uno de los proponentes de la moción, León Ramírez.

Del mismo modo, el alcalde deberá explicar por qué la proveeduría municipal eliminó del cartel original una “charla sobre acoso callejero y su correspondiente calificación”.

Cabe recordar que Ulate tiene una investigación por una presunta privación de libertad y violación contra una persona menor de edad.

Además, el alcalde deberá rendir un informe en un plazo de 10 días hábiles describiendo cuáles han sido las acciones implementadas por la Municipalidad, para que en el marco de un proceso de contratación administrativa, no se generen comunicaciones informales y antijurídicas entre funcionarios públicos y los oferentes; esto junto con los procesos de la contratación a la constructora.

“Nosotros pedimos que se nos esclarezca cuáles son las modificaciones y se nos indica que se hace a partir de una objeción de los oferentes (MECO) a varios términos del contrato. Extraña que no hay objeciones formales al cartel. Pensábamos que el cartel estaba incompleto, pero resulta que los oferentes nunca objetaron formalmente el cartel”, señaló el regidor.

“No sabemos cuáles son los argumentos de la empresa. No sabemos qué hubo de por medio. Tampoco conocemos las razones de la administración para acoger esa solicitud informal. Lo cierto es que MECO ganó el concurso para la colocación y acarreo de mezcla asfáltica”, agregó Ramírez.

Lo jurídico: 

En caso que se compruebe la modificación del cartel en beneficio de MECO o cualquier otro de los oferentes para el traslado y tratamiento de asfalto en la provincia de Heredia, se aplicaría el artículo 52 de la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, el cual cita:

“pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro. Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior”.

Otra vez bajo la lupa

Esta es la segunda ocasión en lo que va del año en que el alcalde herediano se ve enfrentado a actos cuestionables. Apenas el 22 de abril Ulate fue detenido por una denuncia, en el caso de una supuesta violación en contra de una menor de edad.

Los hechos se habrían dado en el 2019, cuando de acuerdo con los denunciantes, el alcalde herediano le habría ofrecido casa y beca a una menor a cambio de mantener una relación con él, para ello, le pidió ingresar a su casa de habitación, en donde se habría cometido supuestamente el delito.

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