El ahorro millonario que se dará gracias a la eliminación de los alquileres regionales del MEP surgieron gracias a una idea que trabajó e implementó mediante un decreto el anterior ministro de Educación, Steven González.
El decreto 43505-MEP que firmaron González y el expresidente Carlos Alvarado establece que “en caso de que no exista posibilidad de instalar la oficina de supervisión fuera de los centros educativos, la misma podrá funcionar dentro de una institución educativa, siempre y cuando la oficina se ubique en un espacio independiente, con acceso separado y que no interfiera con el funcionamiento normal de la institución educativa”.
Otra vez se viste de traje ajeno
La idea de trasladar estas oficinas a centros educativos entonces no es obra ni de la ministra Ana Katharina Müller ni del presidente Rodrigo Chaves, como este último presumió en su tradicional conferencia de prensa el pasado 20 de junio.
Chaves dijo entonces que “alguien tan brillante como la ministra, hablando tal vez hasta con el presidente, nos dijimos entonces ¿pero cómo es esto? ¿Nos es que tenemos escuelas en cada uno de esos lugares?”. Entonces según el presidente Chaves Robles expresó que para eliminar los alquileres regionales del MEP solamente bastaba con acondicionar una oficina o un aula en alguna de las escuelas de esa Dirección Regional, según la idea que ellos habían tenido.
Según informó Presidencia en aquel momento, esa decisión -que ya estaba tomada mediante el decreto indicado en febrero- ahorrará al fisco la cantidad de ¢1.400 millones este año después de rescindir 50 contratos, como ya venía sucediendo desde meses atrás en ese proceso iniciado en febrero pasado.
Según el mandatario Chaves, el total de 82 alquileres representan ¢2.000 millones al año, por lo que el proceso continuará para llegar a esa suma.
En total se ahorraría ¢4.400 millones en alquileres, de acuerdo con la información que suministró Chaves Robles en conferencia de prensa, incluyendo los ¢1.400 de las 50 oficinas regionales y ¢3.000 millones de los tres edificios que dejarán de alquilar: Raventós, uno del BCT y otro que el gobernante no quiso dar a conocer.
Versión diferente
Sin embargo, los datos del presidente no coinciden con los que había aportado el mismo ex ministro Steven González, quien explicó que la cartera de educación tiene 207 supervisiones de circuito educativo y al terminar el año 2021 contaba con 58 contratos de alquiler para esas oficinas con un costo de $47 millones mensuales. Las demás 149 oficinas están en instalaciones propiedad del MEP.
Las direcciones regionales alquilan 20 infraestructuras más con un costo de ¢178 millones mensuales.