A ritmo de mariachi: Vistazos al México de hoy (13)

En este artículo se analiza una de las fuentes de la corrupción en México: la inimputabilidad de los expresidentes.

Por Habib Succar G.

Citando textualmente al periódico “El Universal” de México (19 mayo 2016): “…La opinión pública sabe que el gobierno/Peña Nieto navega en la corrupción, denunciado a nivel nacional e internacional y, desde la Presidencia, la corrupción penetra instituciones federales, locales y privadas. Se ha convertido la corrupción en un sistema de gobierno y administración abierto, público, en compras gubernamentales, contratismo de la obra pública, sobornos, concesiones…”, y un larguísimo etcétera de actos de corrupción de todo tamaño y color.

Muchos hemos sabido durante años, que la corrupción en México era un cáncer que había hecho metástasis en todo el aparato público del Estado, fuera a nivel federal, estatal o municipal. Pero es igualmente cierto que en Latinoamérica es una región donde campea la corrupción de todo tamaño y color; difícilmente encontramos un país donde los índices de corrupción sean llamativos por su insignificancia (quizás el caso de Uruguay sea la excepción de la regla). Es decir, debería existir una razón por la cual México se diferenciaba tanto del resto de países en sus índices de corrupción y al cabo de conocer un poco su realidad cotidiana, nos damos cuenta de que hay varias razones para ello, no una sola.

Sin duda en la base de la corrupción (y su hermana la impunidad) en la vida cotidiana mexicana, estaba sin duda el antiguo artículo 108 de la Constitución Política que establecía:

“El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.” (Reformado así en diciembre de 1982).

De esta forma, se entendía que solo podrían ser juzgados por casos de traición a la patria. La letra da para más, pero el poder real, el sistema, no hubiera permitido jamás siquiera un asomo de juicio político a los presidentes y expresidentes. Ello les daba “patente de corso” es decir, libertad absoluta para todo tipo de actos de corrupción, porque estaban blindados ante la ley y los tribunales. Ello garantizaba impunidad total.

No obstante, uno de los primeros actos que realizó el presidente AMLO, fue proponer una modificación del artículo 108 constitucional, y su concordante artículo 35 donde se agrega que la democracia mexicana además de representativa, es participativa; reforma que fue aprobada, y ahora dice así:

“El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, será responsable por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. Podrá ser acusado por delitos graves del orden común, por faltas administrativas graves, por actos de corrupción, por daño patrimonial al Estado y por conflicto de intereses.”

Ante esta reforma constitucional, el locuaz Diputado federal Gerardo Fernández Noroña, una y otra vez le dijo y todavía le dice al “compañero presidente AMLO” que cometió un grave error, porque el sistema judicial mexicano está corrompido de pies a cabeza y por tanto no es confiable; de tal manera que cualquier hijo de vecino interpone un juicio contra el presidente AMLO en un lejano juzgado de algún lejano estado, y un juez corrupto le da curso y pone en aprietos al presidente por cualquier nimiedad. Y tiene razón, porque la vieja estructura política del PRIAN (PRI + PAN) está enquistada en todos los despachos públicos de la nación y pasarán muchos años antes de que se pueda “limpiar” el Poder Judicial.

Pero lo cierto es que ya la reforma constitucional se aprobó hace meses y el presidente AMLO hoy puede ser imputado por las causas estatuidas en el nuevo artículo 108, concordante con el 110, que en parte dice: “Podrán ser sujetos de juicio político el presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados …” etc. Luego vendrá la prueba de si el sistema judicial mexicano permite algún litigio de mala fe contra el presidente AMLO.

Pero, ¿y los expresidentes? Dado que la ley no es retroactiva, juzgar a los anteriores presidentes desde, digamos, Carlos Salinas de Gortari (1988 ̶ 1994), pasa por dos escenarios básicos: 1. Los presuntos delitos que pudieran haber cometido, en su gran mayoría, hasta el expresidente Peña Nieto (2012 ̶ 2018), están a simple vista (prima facie), prescritos; 2. Los expresidentes son inimputables, según se ha interpretado siempre el antiguo artículo 108 constitucional.

Si bien es cierto el presidente AMLO podría interponer denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), que hoy sí es autónoma del Poder Ejecutivo (y no como en sexenios anteriores, donde el presidente ejercía un poder omnímodo sobre el Poder Judicial y el Legislativo incluyendo a la antigua Procuraduría, hoy Fiscalía), AMLO no se cansa de decir una y otra vez “que la venganza no es mi fuerte” y que él prefiere pasar la página de los expresidentes y mirar para adelante. No obstante, dejaba la salvedad de que el pueblo se pronunciara al respecto y entonces él acataría esa voluntad.

… ¡Y el pueblo se pronunció!
Hay varias vías para entablar juicios políticos contra los expresidentes: por solicitud de 1/3 de los Senadores; por solicitud popular de al menos el 2% de las firmas del padrón nacional (1,8 millones); y por solicitud del presidente de la República.

En el Congreso, el Diputado federal Fernández Noroña, promovió la presentación de una solicitud al Senado y fue aprobada por 71 de 43 senadores que se requerían para darle validez, pidiendo el enjuiciamiento de los expresidentes; en la sociedad civil, dos jóvenes estudiantes de la Red Estudiantil por la Democracia, iniciaron la titánica tarea de recolectar 1,8 millones de firmas en solo dos semanas, en medio de la pandemia, para sumar la petición popular y legitimar la solicitud de enjuiciamiento; estos jóvenes recabaron al final 2,7 millones de firmas y dejaron boquiabiertos a propios y extraños.

Por su parte, el líder del partido opositor PAN, de cuyas filas salieron los expresidentes Fox (2000 ̶ 2006) y Calderón (2006 ̶ 2012), Marko Cortés, dijo a la prensa que “la consulta es innecesaria, que, si el presidente López Obrador tiene pruebas contra exmandatarios como Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entonces haga una denuncia. ´Que no haga política, que haga justicia, que dé resultados, la ley no se consulta, la ley se aplica´, sentenció. Pero es obvio que AMLO, tan reticente a juzgar a los expresidentes, no podría desaprovechar esta coyuntura para hacerle mucha publicidad al tema y ponerlo en la agenda política del país.

Y así fue como se recibieron en el Instituto Nacional Electoral (INE) los 2,700,000 firmas para su verificación. Ya el Senado había aprobado la solicitud con la respectiva pregunta y la emisión del formulario para la recolección de firmas y el presidente de la República a su vez, presentó ante la Suprema Corte de Justicia la solicitud de aprobación de la consulta ciudadana.

Apenas unos días después de presentada la solicitud de AMLO ante la Corte, el magistrado instructor del caso Luis María Aguilar, quien había sido propuesto a tan alto cargo por el expresidente Felipe Calderón en 2009, adelantó criterio y salió públicamente a decir que la consulta era inconstitucional porque violaba los derechos humanos de los expresidentes. A la hora buena, el jueves 1º de octubre, la Suprema Corte, en cerrada votación de 6 a 5, aprobó la constitucionalidad de la consulta ciudadana y rompió así el cerrojo que, en la práctica, la misma Corte había impuesto durante años, porque en cuatro ocasiones anteriores había rechazado, durante los últimos 20 años, una consulta similar. Ahora sí se va a realizar un referéndum, el 1º de agosto de 2021, donde se le consultará al pueblo:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Sin duda alguna, la Corte le “puso edulcorante” a la anterior pregunta que se había presentado por parte del Senado de la República y que decía:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

La diferencia en la redacción es notable. No obstante, en el mes de julio pasado se habían realizado encuestas entre el pueblo mexicano y se determinó que el 90% de los encuestados estaba de acuerdo en juzgar a los expresidentes y que el ranking de los más censurados lo ocupaban Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y, sorpresivamente, Carlos Salinas de Gortari. Es decir, cuando se realice el referéndum el 1º de agosto próximo, será “la crónica de una muerte anunciada”, parodiando a Gabriel García Márquez.

Entonces, no se aprobó que se juzgue a los expresidentes. Se aprobó que se realice un referéndum dentro de un año, consultando a los mexicanos(as) si están de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes (aunque se diga en lenguaje florido y usando birlibirloques lingüísticos legales que confunden a cualquiera).

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el resultado del referéndum será aplastante a favor del enjuiciamiento. Y que la Fiscalía General de la República, tiene un año para preparar los expedientes judiciales de aquellos a los que no les alcance la prescripción de sus fechorías contra el erario y el pueblo mexicano.

Los analistas políticos coinciden en que difícilmente algún expresidente irá a la cárcel, porque el sistema judicial mexicano no es confiable y todavía tiene una mayoría de magistrados (ellos les llaman “ministros de la Corte”) que son piezas de Peña Nieto y Calderón, sin embargo, señalan a su vez la importancia de exhibirlos por corruptos y que el pueblo se entere de sus fechorías y no les quede duda alguna de que esos señores traicionaron a México.

4 de octubre de 2020

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